Se cierran exactamente de una sentencia del Alto Tribunal de diciembre del 2012, que estimó en parte un recurso de la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 SL contra la forma en que se otorgaron estos canales: sin concurso previo. Y la ley del audiovisual exigía que las licencias se otorgasen por concurso. Un fallo de forma -pero garrafal- achacable al funcionario de turno que dio el visto bueno a la fórmula con la que el Gobierno, entonces con Rodríguez Zapatero al frente, concedió en el 2010 estos canales a las empresas que ya emitían, y tenían la concesión de las frecuencias. Pero el Supremo recalca que aquel acuerdo no se ajustó a derecho «por ser contrario a la ley». Y por tanto, deben dejar de emitir, y volver a poner a concurso esas frecuencias.

Las empresas de tele privadas perjudicadas (englobadas en la Uteca) están indignadas: se consideran víctimas, y paganas, de un error ajeno, y encima el actual Gobierno no lo ha querido solucionar por razones «espurias». «Esto es de república bananera», clama un representante de la Uteca, quien asegura que el Gobierno no ha querido pactar una solución, para así beneficiar, en un futuro nuevo concurso de licencias, a grupos afines, como 13TV (COPE).

«Hemos propuesto soluciones, y no se aceptó ninguna, ya que con un decreto ley se solucionaba un error que solo es formal -explican desde la Uteca-. Pero la Administración plantea cerrar estos canales y abrir un nuevo concurso, ¿y dárselos a quién? La sospecha es que con este nuevo concurso se ofrece una pátina de legitimidad para dar a 13 TV lo que no se atreven a hacer a dedo». Desde la Uteca dejan claro que no les queda más remedio que cumplir la ley y cerrar los canales, pero no por ello van a dejar de defender sus intereses: «Si 13TV ganase un eventual concurso, lo inpugnaremos».

Paolo Vasile se mostró ayer igual de indignado que el resto de socios de Uteca. El consejero delegado de Mediaset calificó el apagón de «atropello» y una «expropiación cruel» y anunció ante la junta de accionistas de su compañía que hará todo lo posible para detenerlo o reclamar por el daño económico sufrido. En la misma línea, el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, consideró que se está evidenciando «un manifiesto déficit de seguridad jurídica con cambios inesperados en el contexto normativo».